Repatriación de ilegales

Repatriar a inmigrantes indocumentados es una prerrogativa que le asiste a cualquier nación, en la medida en que se haga respetando los derechos humanos de las personas afectadas, como en efecto lo ha dispuesto el presidente nuestro, Luis Abinader, mediante anuncio de operativos que tienen el propósito retornar a sus países a unos 10 mil inmigrantes cada semana.

Se sabe que el grueso de los inmigrantes que se encuentran en República Dominicana son nacionales haitianos, pero no se trata de un ejercicio personalizado o de persecución contra un grupo poblacional social ni racial específico. La Ley 285-04, de Migración, no hace especificaciones, se refiere a todos aquellos extranjeros que viven en un país diferente al suyo sin disponer de un permiso oficial, como sería un documento de residencia.

Los visados no otorgan permanencia indefinida y se otorgan por trabajo, por estudios y, finalmente, por paseo o turismo, que establecen un tiempo que no excede los dos meses, por lo menos para los haitianos.

Aunque el presidente de la República Dominicana, al momento de producirse el anuncio, no entró en detalles, pero se sabe del descontento que hay en nuestras autoridades con una comunidad internacional que hace poco o nada por Haití, pero que sí siempre está lista para trazarnos pautas respecto a la problemática del vecino país, a pesar de que ya la presencia haitiana representa más del diez por ciento de la población total.

Ese diez por ciento conlleva una inversión sanitaria del 12% del gasto general de salud cada año y, además, las aulas de la educación pública cuentan con unos 173 mil niños haitianos.

Indistintamente de las presiones foráneas, nuestro país siempre ha actuado de forma humanitaria con los vecinos haitianos, en cierta medida en cumplimiento a los convenios internacionales.

Es la razón por la cual no se les niega atención a las parturientas ni educación a los niños hijos de esos extranjeros, aunque pocos, muy pocos, reconocen la generosidad dominicana, empezando por las autoridades provisionales de Haití, que nos perciben como sus peores enemigos y no desaprovechan escenarios del mundo para arremeter contra República Dominicana.

Pero ¿qué se puede esperar de políticos haitianos corruptos, que solo han servido para contribuir a la destrucción (en todos los órdenes) de su propia nación? Parecen ignorar, inclusive, el componente económico que representan las remesas que llegan a ese país desde República Dominicana.

De todas maneras, hay que aprobar el hecho de que las autoridades dominicanas luzcan decididas a priorizar los problemas nacionales y actúen en apego a la Ley de Migración, independientemente de lo que piensen y digan algunos países, empezando por Estados Unidos, Francia y Canadá, que solo saben presionarnos, pero cuando detectan la presencia ilegal de nacionales haitianos, en sus respectivos territorios, los sacan como animales.

Siempre, por razón humanitaria, el suscrito ha expresado preocupación por los niños apátridas, todos hijos de nacionales haitianos indocumentados, pero es un aspecto donde nuestras autoridades nada pueden hacer en el marco de las leyes dominicanas. Por lo menos en ese caso algunos países desarrollados pudieran ayudar y dotar de residencia a esos menores y a sus respectivos padres. No aportan nada.

Una observación oportuna que habría que hacerles a las autoridades dominicanas consiste en no repatriar a los haitianos que estén trabajando en la industria de la construcción y en la agropecuaria.

No podemos cometer excesos y llevarnos de las voces alegres e irresponsables que –por racismo y xenofobia– abogan para que saquen a todos los haitianos. Los que cuenten con documentación legal no se pueden retirar y pienso que se debe hacer una excepción con aquellos que se benefician ellos con sus trabajos, pero simultáneamente contribuyen con el desarrollo del país.