Abogado asegura empleados de minera podrían ser condenados a 1 año de prisión

SANTO DOMINGO, R.D.

El abogado Amadeo Peralta aseguró que la Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM) podría querellarse contra sus empleados que mantienen paralizada esa empresa, e incluso, solicitar prisión preventiva y reparación en daños y perjuicios.

Al ser consultado sobre la situación jurídica existente, producto de la paralización de labores de la Mina Cerro de Maimón (Sitracema), el conocido jurista hizo saber que contra los mismos, la empresa, no solo solicitar prisión preventiva, sino también la reparación en daños, en virtud a lo que disponen los artículos 414, 415, 416 y 417, del Código Penal Dominicano.

Esos artículos establecen:

Art. 414.- Se castigará con prisión de un mes a un año, y multa de diez a trescientos pesos, o con una de las dos penas solamente, al que por medio de violencias, vías de hecho, amenazas o maniobras fraudulentas, hubiese operado, mantenido o intentado operar y mantener una interrupción de trabajo, con el fin de forzar la alza o la baja de salarios, o de atentar al libre ejercicio de la industria.

Art. 415.- Cuando los hechos castigados por el artículo anterior hubieren sido cometidos por consecuencia de un plan concertado, se podrá someter a los culpables en virtud de la sentencia, a la vigilancia de la alta policía, durante un año a lo menos, y tres a lo más.

Art. 416.- Se castigará con prisión de uno a seis meses, y multa de diez a cien pesos, o con una de las dos penas solamente, a todos los obreros y empresarios de obras que, por medio de multas, prohibiciones, proscripciones e interdicciones pronunciadas por consecuencias de un plan concertado, hubieren atentado contra el libre ejercicio de la industria y del trabajo. Los artículos 414 y 415, que anteceden se aplicarán a los propietarios o colonos, así como a los cosecheros, sirvientes y trabajadores del campo.

Art. 417.- Los que con objeto de perjudicar la industria del país, hayan hecho pasar al extranjero directores , dependientes u obreros de un establecimiento, se castigarán con prisión de seis meses a dos años, y multa de diez a sesenta pesos.

El abogado Amadeo Peralta recordó que recientemente La Corte de Trabajo del Departamento Judicial de la provincia de La Vega ordenó el reintegro a las labores del Sindicato de trabajadores de la Mina Cerro de Maimón (Sitracema), que mantiene una huelga contra la Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM).

La decisión del tribunal laboral fue tomada por el juez presidente, Miguel Mijigón, acogiendo la solicitud de la empresa, ya que “esta situación pone en riesgo la permanencia de las operaciones mineras en la zona y está impidiendo de forma directa las operaciones de CORMIDOM, lo que pone en riesgo y peligro el trabajo de aproximadamente 700 trabajadores”.

También salió a la luz pública una presunta grabación en donde se escucha una conversación de varios supuestos empleados de confianza de los directivos de la mina, «confabulándose» para paralizar la empresa minera para forzar a sus directivos a que les entreguen unos supuestos beneficios.

Se recuerda que, debido a la situación extrema y de fuerza mayor y a las consecuencias de este conflicto, CORMIDOM anunció la suspensión de sus operaciones productivas, lo que les ocasionó, supuestamente graves pérdidas y que entraba en un proceso solamente de mantenimiento, “lo que es una causa clara para solicitar el resarcimiento de daños y perjuicios por la acción dolosa de sus empleados”, dijo Peralta..

El anuncio fue dado a conocer por Paul Marinko, presidente de CORMIDOM, quien indicó que, para tales fines, ya han iniciado todos los debidos procesos ante las autoridades competentes.

El jurista agregó que si producto de esta situación de cierre provocado “de manera dolosa” por parte de empleados de confianza de la empresa, esto provocó que algún alto directivo o ejecutivo de la minera se tuviera que ir a su país de origen, por el cierre en estas condiciones, la pena para los empleados aumentaría a dos años de prisión correccional en virtud a lo previsto por el artículo 417, del Código Penal Dominicano.

En Septiembre del año pasado, la Corporación Minera Dominicana (Cormidom) entregó al municipio de Maimón un cheque de RD$29,797,719.00, dando cumplimiento a las disposiciones de la Ley 64-00, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que establece el otorgamiento a los municipios del 5% de los beneficios netos generados por el aprovechamiento de recursos no renovables.

Paul Marinko, presidente de Cormidom, expresó que el pago corresponde a los beneficios netos del año fiscal 2021, originados en las operaciones de la Mina Cerro de Maimón.

Los recursos fueron entregados al alcalde Albert Cabral y al tesorero Daniel Hernández, en presencia del Concejo de Regidores, en un acto formal realizado en las oficinas de la empresa minera.

Con la pandemia del Covid-19 “Durante este período de incertidumbre, Cormicom fue esencial en el movimiento económico y social del municipio de Maimón, al continuar con el pago de los salarios de todos los trabajadores, aún no estuvieran laborando.

“También continuaron con los aportes al Ayuntamiento y las comunidades para que todos juntos pudiéramos sobrepasar la pandemia”, explicó el presidente de esa empresa.

Lo que dice el sindicato

Dirigentes del sindicato de trabajadores de la empresa hicieron saber que venían sosteniendo reuniones para la firma del convenio colectivo de condiciones de trabajo, pero en las últimas semanas las discusiones han tomado otro giro, pues llegada la fecha de entregar los bonos por las ganancias de la empresa, esta no los ha distribuido.

Para llegar a un acuerdo satisfactorio, en un comunicado dado a conocer al país, el sindicato explica que “de 35 puntos contenidos en nuestra propuesta inicial para negociar el nuevo Convenio Colectivo, nosotros aceptamos reducirlos a 17, y el pasado lunes 16 del mes en curso, aceptamos los 10 puntos planteados por CORMIDOM”.

Agrega que el jueves 18, ya las partes acudían solo a firmar lo acordado, pero sorpresivamente los directivos de la empresa decidieron dar marcha atrás a lo pre acordado, dejando en un punto de inicio el conflicto que la población y la opinión pública entendían estaba en vía de solución.