Fiscalía pide procesar Empresas Belgar y 6 imputados por fraude Financiero
SANTO DOMINGO, R.D.- La Fiscalía del Distrito Nacional depositó ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de Instrucción, formal acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de Empresas Belgar, Inmobiliaria Belgar y otras seis personas, a quienes acusa de un fraude financiero ascendente a unos RD$500 millones, a través de diferentes modalidades.
El Ministerio Públicos acusa a los imputados de violar los artículos 3, artículo 68, numerales 1, 6, 8 y 9 y artículo 80, literales D, E y F, de la Ley 183-02 Ley Monetaria y Financiera.
Además, Los artículos 1, 3, 7, 8, 18, 19 y 20, de la Ley 72-02, sobre Lavado de activos, proveniente de infracciones graves. El artículo 405, sobre estafa. El artículo 408, sobre abuso de confianza. Los artículos 265 y 266, asociación de malhechores. Los artículos 147, 148, 149, 150 y 151, del Código Penal Dominicano.
La Fiscalía del Distrito Nacional estará representada por su titular, Rosalba Ramos Castillo, y sus adjuntas, Paola Piedad Vásquez Pérez y Joanna García Rivas, quienes presentaron acusación.
Entre los abogados que representan a 67 querellantes y 33 denunciantes, se encuentran los licenciados César Amadeo Peralta, Mercedes García, José Manuel Félix Naut y Zurina Cordero Hache.
El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fue apoderado para conocer la acusación y apertura a juicio, cuya audiencia fue fijada para el jueves 29 de noviembre, a las 9:00 de la mañana.
En el expediente se acusa del fraude a Marcos Manuel Beltré García, quien se encuentra en arresto domiciliario; Manuel Emilio Beltré, Julissa Beltré García, Katherine Ramos Romero, María Magdalena Espinal Beltré, María Eugenia Espinal Beltré y a la Empresas Belgar, Inmobiliaria Belgar.
El fraude envuelve a extranjeros de nacionalidad Italiana y Francesa, quienes depositaron sus ahorros, producto de las pensiones que recibían, en estas empresas que actuaban al margen de la Ley, porque no poseía autorización de la Junta Monetaria para realizar captaciones.
El caso fue investigado por la magistrada Yeni Berenice Reynoso, y la misma participo en el cierre de 12 sucursales distribuidas en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, donde se incautó varios inmuebles e inicio las pesquisas que concluyeron con la acusación, en la cual se solicita el decomiso de unos 54 inmuebles, 13 vehículos, se congelaron cuentas bancarias, se solicitaron sendas órdenes de arresto y de allanamiento.
Los afectados por este fraude culpan a la Superintendencia de Bancos, de haberse hecho de la vista gorda y permitir que una empresa actuara al margen de la Ley Monetaria, ya que esta operaba con 12 sucursales y con oficina principal en la calle Luisa Ozema Pellerano, #12, del Sector Gazcue, y no actuaran a tiempo, para clausurar sus operaciones, y se permitiera que más de 100 personas, perdieran todos sus ahorros en una entidad, sabiendo que no estaba regulada.
Tres de los afectados que pidieron reserva de su identidad y que son querellantes, solicitan al Presidente Danilo Medina intervenir para que sus casos sean solucionados, ya que confiaron en el sistema regulador del país, y sus ahorros han desaparecido.
Dijeron que ninguna entidad estatal es responsable de la ausencia de supervisión de las operaciones de las entidades, que actúan al margen de la Ley, y solamente la Fiscalía del Distrito Nacional y sus actuales incumbentes están haciendo su labor a fin de que los culpables de estos hechos paguen por sus delitos.
Recientemente fue creada la Unidad de Persecución del Delito Financiero, que tendría competencia en todo el territorio Dominicano, que aún no ha comenzado a operar, lo que hace necesario que sea puesta en funcionamiento a la mayor brevedad posible, ya que ha sido notorio que la Ley Monetaria y Financiera se hace necesario su modificación y actualización, porque ha resultado ser vulnerable, con los fraudes que han sido denunciados.
De acuerdo con la acusación, la Fiscalía está pidiendo el decomiso de todos sus bienes de los imputados, así como penas de prisión correccional de 20 años y multas, mientras que los querellantes solicitan el resarcimiento en daños y perjuicios.
