Así no… defendamos lo legítimo y rechacemos lo ilegal

Por Tomás Aquino G.

Veinte años atrás, cuando nos hablaban de organismos defensores de derechos humanos y de juntas de vecinos, aunque con algunas dudas, creíamos en su misión.

Veinte años después, sinceramente, aunque con algunas excepciones, no creemos ni en juntas de vecinos ni en organismos defensores de los derechos humanos.

Pero, cuando nos referimos a organismos defensores de los derechos humanos, nos ubicamos un poco más allá de República Dominicana, nos referimos a esas entidades a nivel internacional.

Somos como Santo Tomás, solamente creemos en juntas de vecinos y en organismos de defensa de los derechos humanos, cuando defienden la realidad, cuando actúan apegados a principios éticos, haciendo justicia, defendiendo a quienes tienen la razón.

Con frecuencia vemos a juntas de vecinos y a falsos líderes y dirigentes defendiendo lo indefendible. ¡Qué pena!

Las juntas de vecinos, la mayoría, incluso, están politizadas.

Ciertamente, reconocemos que hay dirigentes comunitarios que realizan una labor positiva en su sector, representando con dignidad a sus vecinos ante las autoridades para lograr proyectos de desarrollo, gestionar la solución de problemas, proponer y ejecutar planes que beneficien a su comunidad.

Reconocemos, igualmente, que hay dirigentes y líderes defensores de los derechos humanos que actúan con responsabilidad, con principios éticos y morales, que se hacen respetar y respetan a quienes tengan la razón.

Ahí está el caso de Virgilio Almánzar, un veterano líder defensor de los derechos humanos, que no tiene que quemar un neumático para hacer, a su contraparte, entrar en razón. Defiende lo legal y busca que los ilegales entren en razón.

Ahora bien, hay otros que son lacras sociales. No vamos a identificar a esos antisociales, no vale la pena, aunque la sociedad sí lo conoce.

Por ejemplo, en sectores próximo a la autopista Las Américas, en Santo Domingo Este, algunos individuos, que se hacen llamar defensores de los derechos humanos y dirigentes comunitarios, son verdaderas lacras sociales, empañando la imagen de esos organismos y convirtiéndose en defensores de los delincuentes, en defensores de los invasores y en defensores de los ladrones de terrenos privados.

El Gobierno, y hasta ahora lo está haciendo a la perfección, debe garantizar el derecho de propiedad.

El Ministerio Público debe garantizar el derecho a la propiedad privada, pero abrir los ojos con las actuaciones de algunos de sus representantes.

El Poder Judicial debe aplicar todo el peso de la ley a los invasores, a los violadores de las propiedades privadas, que en ocasiones se constituyen en turbas para amedrentar a dueños legítimos de terrenos, y en algunos casos, la sangre se ha derramado.

Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, igualmente, deben garantizar el derecho de propiedad, garantizar la seguridad de los dueños de propiedades que han sido invadidas, robadas, incluyendo por sus propios miembros.

De ahora en adelante, pondremos más atención en las juntas de vecinos y en los dirigentes que dicen ser defensores de los derechos humanos, que se convierten en turbas para defender a delincuentes, a invasores, a ladrones de terrenos.