Homicida asegura disparó tres veces contra Jorge Mera
- Dice funcionario intentó matarlo primero
- Revela ministro le adeuda tres millones de dólares
SANTO DOMINGO, R.D.
El hombre que mató al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, declaró este martes, en el inicio del juicio de fondo en su contra, que el funcionario, quien a la hora de su muerte era dirigente del PRM, le adeudaba tres millones de dólares, y el día del incidente, fue a su despacho a recibir un adelanto de 50 mil dólares.
Tras exponer ante las juezas del Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional, el acusado Fausto Miguel Cruz de la Mota declaró que el día en que dio muerte a Jorge Mera intentaba que éste le adelantara 500 mil dólares de la deuda.
Según declaró el homicida, Jorge Mera intentó matarlo primero con un revólver que él mismo le había entregado en una ocasión.
Nervioso y un poco alterado, rechazó ser un corrupto, como se ha venido diciendo desde fatídico 1 de junio del 2022, cuando ultimó de varios balazos al entonces ministro de Medio Ambiente.
Cruz de la Mota declaró a los magistrados que disparó en tres ocasiones en contra Jorge Mera, y no seis veces como hizo saber el Ministerio Público al leer la acusación.
En ese sentido, el homicida confeso declaró a los jueces que se habían manipulado todas las pruebas.
En todo momento, Cruz de la Mota hizo saber al tribunal que mató a Jorge Mera, tras una discusión que sostuvieron por una deuda de tres millones de dólares que le había prestado al hoy occiso.
Dijo que acudió al despacho su despacho «con mucho entusiasmo» a cobrar su adelanto de 500 mil dólares
El Ministerio Público, empero, afirma que el móvil fue el constante rechazo a los permisos para la exportación de 5 mil baterías usadas.
«Están manipulando la mayoría de las pruebas», aseguró Cruz de la Mota, quien también recordó que es uno de los importadores de armas más importante del país, desde los años 90.
El Ministerio Público atribuye a Cruz de la Mota haber presionado a Jorge Mera para que sustituyera a los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente que rechazaban su solicitud de autorización para la exportación de las baterías, acusación que el imputado rechazó tajantemente.
