Alcaldes no tienen facultad para cerrar negocios

SANTO DOMINGO, R.D.

En la República Dominicana, en principio vivimos bajo un régimen de derecho, de deberes, de obligaciones y de cumplimiento al debido proceso de ley establecido por la Constitución de la República, y por otras leyes.

Empero, hemos estado viendo con asombro casos muy frecuentes, donde alcaldes, al parecer, no conocen sus funciones y sus límites, y mucho menos conocen las disposiciones de la Ley 176-07, que rige a los Ayuntamientos y la organización municipal.

Tales consideraciones fueron externadas por el veterano abogado Amadeo Peralta, quien destaca que, por ese desconocimiento, los ejecutivos municipales arriesgan su libertad, su función, su patrimonio y hasta el patrimonio municipal.

La ley 176-07, ni ninguna otra ley o reglamentos, facultan al alcalde Rafael Ortiz, del municipio de San Pedro de Macorís, ni a ningún alcalde en la República Dominicana a cerrar ningún tipo de negocios, sean tiendas chinas o dominicanas, por supuestos pagos de tributos, sin cumplir con un debido proceso de ley ante los tribunales.

Para tomar esa decisión, el alcalde Ortiz debe obtener una orden judicial, donde se le autorice allanar y cerrar un establecimiento.

Amadeo Peralta explica que con la acción de cerrar negocios de manera arbitraria, utilizando sus funciones y la de la fuerza pública, este funcionario municipal ha puesto en juego su libertad, su función, su patrimonio y hasta el patrimonio municipal.

Según relata el Amadeo Peralta, el alcalde Rafael Ortiz ha comprometido su responsabilidad penal y civil cuasi delictual, al ejecutar una acción contraria al ordenamiento jurídico y sancionado por varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Constitución de la Republica y de otras leyes, por lo cual podría ser sometido a la acción de la justicia por los delitos de prevaricación, abuso de autoridad contra los particulares, coalición de funcionarios y responsabilidad patrimonial personal y de la Alcaldía, ya que la acción cometida por este esta sancionada de la siguiente manera.

Art. 123.- Código Penal. Los funcionarios o empleados públicos, las corporaciones o depositarios de una parte de la autoridad pública que concierten o convengan entre sí la ejecución de medidas y disposiciones contrarias a las leyes, o que con el mismo objeto lleven correspondencia o se envíen diputaciones, serán castigados con prisión de dos a seis meses, e inhabilitación absoluta de uno a cinco años, para cargos y oficios públicos.

Art. 184.-Código Penal. Los funcionarios del orden administrativo o judicial, los oficiales de policía, los comandantes o agentes de la fuerza pública que, abusando de su autoridad, allanaren el domicilio de los ciudadanos, a no ser en los casos y con las formalidades que la ley prescribe, serán castigados con prisión correccional de seis días a un año, y multa de diez y seis a cien pesos; sin perjuicio de lo que dispone el párrafo 2do. del artículo 114, que dispone que los particulares que con amenazas o violencias, se introduzcan en el domicilio de un ciudadano, serán castigados con prisión de seis días a seis meses, y multa de diez a cincuenta pesos.

Art. 186.- Código Penal. Los funcionarios u oficiales públicos, administradores, agentes o delegados del Gobierno o de la policía, los encargados de la ejecución de sentencias u otros mandatos judiciales, los comandantes en jefe o subalternos de la fuerza pública que, en el ejercicio de sus funciones o en razón de ese ejercicio, y sin motivo legítimo, usaren o permitieren que se usen violencias contra las personas, serán castigados según la naturaleza y gravedad de esas violencias, aumentándose la pena conforme a las reglas establecidas en el artículo 198.

Art. 198.- Código Penal. Los empleados y funcionarios públicos, a quienes esté encomendada la represión de los delitos, y que se hicieron reos de dichos delitos, o de complicidad en ellos, serán castigados según lo establece la escala siguiente:

1o. Si se tratare de un delito correccional, sufrirán siempre el máximum de la pena señalada a ese delito;

Artículo 62.Constitución de la R.D. El Derecho al trabajo. El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Los poderes públicos promoverán el diálogo y concertación entre trabajadores, empleadores y el Estado.

Sostiene el abogado Amadeo Peralta, que el alcalde con esa acción no solo violento varios artículos del Código Penal, del Código Procesal Penal, de la Ley 41-08, sobre función pública, y de la Constitución de la República, sino también disposiciones de la Ley 107-13, sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración pública y de procedimientos administrativos, que ponen en juego su patrimonio y el de la Alcaldía.

Artículo 148.-de la Constitución. Responsabilidad civil. Las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica.