Caso Calamar no es político ni se sabe a quién beneficia a un año para comicios

Los cuatro grandes casos de corrupción pública conocidos por el presente Ministerio Público se caracterizan por la profesionalidad y descansan en un enorme sustento de pruebas irrefutables, por lo que hablar de “persecución política” es un pretexto infeliz, propio de personas fanáticas políticamente, que colocan la pasión por encima de la razón y, consecuencialmente, no se detienen (porque no les interesa) a estudiar expedientes.

Sin embargo, no todos son fanáticos. Muchos están conscientes que los delitos imputados descansan en la verdad, pero los intereses que representan les lleva a pretender “tapar el sol con un dedo”, en un ejercicio de politiquería, revelador de carencia de ética. Y llegan al extremo de expresar que las detenciones del caso Calamar obedecen a un plan del presidente Abinader y el PRM. Eso es cien por ciento falso, porque se trata de un entramado criminal que involucra a actores de otras organizaciones, incluyendo a gente del propio PRM.

Se sabe que fue el presidente que designó a los principales funcionarios del Ministerio Público, al cual, de forma pública, calificó de independiente y otorgó poder para actuar en apego a su conciencia. Y desde ese momento la Procuraduría ha sido, para muchos analistas independientes, el punto más luminoso de la presente administración. Pero todo el que está informado del acontecer político sabe que el jefe de Estado está posiblemente muy arrepentido de ese paso, porque pudo haber “afilado cuchillo para su garganta”.

Pensar que la doctora Miriam Germán recibe línea del Poder Ejecutivo es un yerro, porque esa señora no tiene compromiso político con ningún sector, estuvo vinculada a la judicatura desde el año 1974, cuando se inició como jueza de paz, llegando a ser miembro de la Suprema Corte de Justicia del 2012 hasta el 2019, cuando el Consejo Nacional de la Magistratura la excluyó de la Suprema Corte de Justicia, en una jugada que le atribuyen a Jean Alain Rodríguez y al presidente de la República, a la sazón Danilo Medina.

Asimismo, Yeni Berenice Reynoso fue fiscal del Distrito Nacional durante el período 2011-2020, pero ya antes había sido fiscal por Santiago, designada por el doctor Leonel Fernández. En ambos cargos se ganó el reconocimiento de esas demarcaciones geográficas. Originalmente se le vinculó al PLD, pero siempre mostró profesionalidad y un ejercicio independiente. El doctor Wilson Camacho, por su parte, se inició como fiscal en Moca, en el año 2004, también bajo el Gobierno del doctor Leonel Fernández. Al igual que a Yeni Berenice se le atribuye contar con buena preparación profesional.

¿Qué vínculo tienen al PRM estos tres profesionales del derecho y hoy principales cabezas visibles de la Procuraduría General de la República? Ninguno.

Ese equipo que está al frente del MP desde hace algún tiempo es un dolor de cabeza para Abinader, sobre todo a partir de la investigación del caso de Hacienda, ahora bautizado Calamar, que está supuesto a sacar a la luz toda la putrefacción de la clase política y un amplio sector del empresariado, histórico lavandero de dinero de corrupción pública. El caso también mete en el baile a funcionarios de este y de otros gobiernos, así como a contratistas de obras estatales del pasado y del presente, que en la mayoría de los casos son los mismos sujetos.

Se cree que el deber de los dominicanos más sensatos es “echar a un lado” los intereses políticos partidarios y apoyar a los actuales funcionarios del Ministerio Público, los cuales están haciendo lo que nunca se había hecho. Es la primera vez, en lo que el suscrito tiene uso de razón, que se procesan judicialmente a los delincuentes de cuellos blancos, responsables de décadas de saqueos de los recursos del contribuyente y de la gran desigualdad social que hay en la República Dominicana.

Para muchos se requería sentar precedentes judiciales, exhibiendo régimen de consecuencia en el ejercicio de las funciones públicas, en un país donde tradicionalmente ocupar un puesto gubernamental ha sido un pasaporte a la fortuna económica, con la agravante que observamos como normal ese tipo de conducta. Un país anda mal cuando vemos a personas pobres defendiendo a ricos culpables de su tragedia. El fanatismo político, la repartición de prebendas, las denominadas asistencias sociales y la baja escolaridad de gran parte de la población son elementos causales de ese comportamiento.

El presidente Luis Abinader lucía solo en la cancha, en su afán continuista de permanecer al frente de los asuntos públicos por otro período, con sus regulares juramentaciones de alcaldes y ex alcaldes de municipios y distritos municipales en toda la geografía nacional, hasta que estalló la bomba “Calamar”, la cual hasta el momento está dañando más de lo que estaba moral y numéricamente al PLD, que no ha tenido respuesta para responder a la indetenible hemorragia de militantes de esa organización hacia otras parcelas políticas, particularmente al PRM y la Fuerza del Pueblo.

En principio se pensó que esa persecución judicial provocaría el esperado espacio para un entendimiento entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, en torno a la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández, que ya ha sido presidente de la República en tres períodos.

Sin embargo, la Fuerza del Pueblo ha actuado, hasta el momento, con cautela y prudencia, al expresar que en el caso “Calamar” no hay persecución política. Sí demandó el debido proceso y la presunción de inocencia en torno al problema.

Danilo Medina había salido del país el jueves de la semana pasada hacia Miami, donde supuestamente procura asuntos relativos a su salud. Pese a que el grueso de las imputaciones recae en su persona, se especula que lo dejaron salir por razones humanitarias.

Personas que supuestamente están bien informadas atribuyen la ausencia de firmeza de la Fuerza del Pueblo, en defensa de sus antiguos compañeros, al carácter irreconciliable de Leonel Fernández y Danilo Medina, al acusar a este último de haberle traído al primero a Quirino Ernesto Paulino Castillo, así como de impedir, en contubernio con la pasada Junta Central Electoral, ser candidato presidencial del PLD en el 2020, provocando la división que facilitó el ascenso al poder del PRM y Luis Abinader.

Aunque se trata de un dato sujeto a confirmación, la realidad es que el político tiene que tener capacidad de perdón, es un error vivir del pasado y desaprovechar oportunidades de alianzas con personas que están a la defensiva y obligadas, por las desfavorables circunstancias, de pactar con urgencia. A simple vista a los dos bandos les conviene la unidad, para dar golpe de impacto y ofertar fuerza.

Desde el litoral del PLD se piensa erróneamente que Luis Abinader podría ser el que se beneficia políticamente de la situación nueva que plantea el caso Calamar, pero necesariamente no es así. Se supo, de fuente oficial, que el presidente lo que está es altamente preocupado. Y todo el tiempo que tardó el problema de Hacienda, cuyo expediente está concluido desde hace muchos meses, es porque el mismo enloda a un importante líder del PRM, que se pronuncia contrario a las retaliaciones, e incluso salpica a muchos funcionarios, a contratistas de obras, a empresarios y hasta al propio presidente de la República. Se trata de un caso que incluiría a más de cien personas y las consecuencias políticas no se pueden establecer al momento.

Todas las actividades proselitistas, reeleccionistas, han sido suspendidas, porque con ese golpe se pierde el ritmo y la tendencia de adueñarse del escenario político, por la gran cantidad de personas que se estaban comprando con recursos estatales y las que estarían preparando maletas para venderse, en un país donde los militantes de los partidos políticos carecen de ideologías y muestran vocación de apego al presupuesto.

Algunos estiman que esta situación podría traer un replanteamiento o recomposición de los distintos liderazgos y las distintas fuerzas políticas nacionales. Y en esa dirección, al doctor Guido Gómez Mazara, alto dirigente del PRM, hombre de carisma y gran facilidad de expresión, se le ha visto reivindicar la condición de haber sometido a la justicia por corrupción pública, en pleno gobierno del PLD, a Donald Guerrero, a Gonzalo Castillo, a José Ramón Peralta, a Jean Alain y a otros, lo que le ha hecho ganar muchos adeptos perremeístas.