¿Corrupción en Canódromo permeó DIGESETT?

Por Rafael Polanco Peralta
Periodista y politólogo

Desde hace tiempo me inquietaba observar la manera descarada con la que actúan los agentes de tránsito, escondiéndose detrás de árboles, postes eléctricos o cualquier pared para sorprender posibles infractores.

No entiendo por qué hay que maltratar o abusar de los ciudadanos y, peor aún, notar que nadie le hace caso a eso, es como si se aceptara que eso pasa y ya, así se queda.

Pienso que todo el mundo lo ve, pero nada se hace. El periódico Listín Diario y la periodista Alicia Ortega se enfocaron en uno de los males que existen desde hace tiempo, primero con la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), heredado y agravado por la actual Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), como es la retención ilegal de vehículos y motores, violando derechos fundamentales de los ciudadanos.

Pero hay otro problema no menos grave y es que, siempre se ha dicho que los agentes están obligados a aplicar diariamente una cantidad de fiscalizaciones o cumplir una cuota de multas, que en realidad deben ser contravenciones, pues las multas son materia de los tribunales de tránsito.

Eso existía y no me extraña que aún exista, aunque el actual director dice haber eliminado esa práctica sumamente grave. Por lo general, cuando se denunciaba los incumbentes de turno lo negaban, con la participación cómplice de algunos colegas que no tenían otro camino que seguir las pautas que les dictaban sus jefes.

Dije en un trabajo anterior que me alegra que el defensor del Pueblo, Pablo Enrique Ulloa, mirara para ese lado, pues la situación es grave y lleva mucho tiempo sin que surgiera una autoridad capaz de ponerle el frente, con carácter y disposición para iniciar un proceso de revisión y continuarlo, no hacer como siempre sucede, que se arma un alboroto y luego las cosas se dejan así.

Es importante que se registrara la confrontación en torno al Canódromo “El Coco”, porque ahora saldrán a flote muchos macos. Por ejemplo, es, precisamente el actual director de la DIGESETT, general de brigada Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien de manera olímpica admite que la asignación de cuotas existía, pero su gestión eliminó lo que llama “vieja práctica” de obligar a los agentes a fiscalizar o multar una cantidad determinada de personas, señalando que ahora se limitan a hacer lo que les manda la ley, sancionar a los infractores.

Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, pues como ciudadano observo que los agentes siguen fiscalizando vehículos cuyos conductores no han violado ninguna disposición, por mero capricho, como tampoco entiendo cómo es posible que faltando agentes en determinadas intersecciones usted los encuentre por trulla en lugares donde no se justifica su presencia.

Pero, quién responde por las violaciones cometidas contra la población, por los daños ocasionados a los dueños de plataneras, vehículos de carga y motores para el motoconcho o a las personas que han pagado miles de pesos en contravenciones no cometidas, pero que aparecen en el sistema de la DIGESETT como por arte de magia.

Me pregunto, ¿qué dicen de esa admisión de culpa los directores que han pasado por ese organismo, tendrán valor para dar la cara y exponer el porqué se hacía eso, en violación de la Constitución y las leyes?.

Pero, además, ¿tendrá valor el actual director y los otros que pasaron por la AMET y ahora por la DIGESETT para explicar el por qué se retienen vehículos y motocicletas por capricho, cuando hay reglas para hacerlo?. ¿De qué han servido las sentencias sobre el particular?

El Tribunal Constitucional ha dictado fallos sobre esa práctica, indicando en cuales circunstancias los agentes de tránsito pueden y deben retener los vehículos y motores, pero de nada vale que se quiera hacer respetar el estado de derechos, cuando quienes deben hacer valer la Constitución y las leyes son los primeros en violarlas.

Da pena y vergüenza pasar por la zona donde opera el canódromo “El Coco” y ver la cantidad de vehículos y motos en cantidad industrial y observar cómo los mismos se deterioran sin que a nadie le importe. Pienso que alguien se debe estar beneficiando de esa situación que, lamentablemente, pasa sin que nada ocurra para evitarla.

Pero qué bueno que el defensor del Pueblo diera la cara, como le manda la Constitución y la Ley y se haya atrevido a decir que en el Canódromo funciona una estructura mafiosa y, con una revisión superficial, vaya más lejos hable de supuestos peajes. Pero la gente quiere saber, don Pablo Ulloa, si esta vez habrá consecuencias.

¿Qué vio o supo el defensor del Pueblo que lo motiva a decir que en el Canódromo hay un contubernio que va más allá de una oficial?, hablando, sin citarla, de la coronela Ysabelita de los Santos Pérez, quien comandaba el lugar y con la que hubo el conflicto por el que fue relevada de su cargo y habla, además, de asociados con fines de extorsionar y chantajear. Si es así, ¿procederá el funcionario a someter a la justicia a los chantajistas y extorsionadores?.

Lo bueno de esto es que ahora ya hasta la propia coronel De los Santos Pérez ha comenzado a sacar prendas a flote, pues afirma que en el Canódromo mandaban las agencias de motores que buscaban chasis en el Canódromo de forma irregular.

Tuvo que pasar el incidente para que esa oficial superior informara que, en el centro de retención de vehículos y motores, hay buscones que cobran entre 5 y 10 mil pesos para gestionar la entrega a los ciudadanos de sus propiedades y pregunto: ¿con quién o quiénes compartían el dinero cobrado?

La coronel De los Santos Pérez dijo que tiene 35 años en la Policía y que fue designada en el Canódromo en mayo de 2021, con el encargo de solucionar los problemas que se daban en el despacho de los vehículos retenidos, pero no dice si en los más de 10 meses que estuvo en el puesto sometió algún buscón o dueño de agencias de motores por las anomalías que admite conoció.

Se mostró dispuesta a hacer lo que sea para defender su honorabilidad y retó al defensor del Pueblo para que si tiene elementos en su contra que proceda legalmente en la justicia.

Eso es poco para lo que se supone ella conoce. Ahora las autoridades deben investigarla a ella y a los otros encargados del depósito de vehículos y motores retenidos, para conocer todas las barbaridades que pudieron haberse cometido por largo tiempo.

Ah, y si eso pasaba en el Canódromo “El Coco”, estaban ajenos a esa situación los titulares de la AMET, ahora DIGESETT. Pienso que ahí hay mucha tela por dónde cortar. El reto está echado. A buscar y sacar a flote esos entuertos y que se proceda contra quien haya que hacerlo, caiga quien caiga.