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Dina Boluarte se aferra al poder en medio de masivas protestas que la tildan de asesina

Represión policial en Perú

PERÚ

A pesar de las protestas, que ya han dejado medio centenar de muertos, cientos de heridos y decenas de detenidos, la flamante presidenta de Perú, Dina Boluarte se aferra al poder como si se tratara de una herencia familiar obtenida en buena lead, y afirma que no renunciará a su cargo.

Las masivas marchas de protesta en todo el país, además de la renuncia de la impopular mandataria, exigen el cierre del desacreditado Congreso Nacional peruano, elecciones anticipadas y la libertad del destituido presidente Pedro Castillo.

La mandataria, quien asumió el cargo tras la destitución de Castillo en diciembre, pidió “perdón” el viernes en un mensaje al pueblo si su Gobierno se equivocó en lo que llamó “encontrar la paz y la calma”.

Ya a la presidenta Boluarte le han renunciado tres de sus ministros (Interior, Trabajo y Mujer), al manifestarse en contra de la política de represión del gobierno, reprimenda que ha dejado unos 50 muertos.

«No voy a renunciar, mi compromiso es con el Perú y no con ese grupo minúsculo que hace sangrar a nuestra patria», señaló la flamante presidenta de la República, que fue electa vicepresidente del maestro Pedro Castillo, y que asumió el poder tras la destitución del ahora encarcelado ex mandatario.

La presidenta Boluarte es señalada como una de las tres piezas claves que crearon las condiciones para la destitución de Castillo y golpear a la debilitada democracia del país.

Las otras dos piezas fueron el Congreso y la Fiscalía, de quienes se dice, están al servicio de los más oscuros intereses de la nacional, encabezados por los ultraderechistas.

La sociedad civil

Diversos pronunciamientos han empezado a circular en el país con alternativas plausibles que permitan una salida a la crisis política, que se ahonda con el fallecimiento de unas 50 personas, durante las protestas, que son reprimidas por el gobierno.

Los comunicados han incidido en la necesidad de la renuncia de la presidenta Boluarte y la designación de un congresista representativo que pueda conducir el proceso electoral en el más breve plazo.

La condena por la muerte de compatriotas es unánime. Se trata, señalan, de la violencia policial indiscriminada y del uso excesivo de la fuerza represiva, que ha enlutado 49 hogares.

También la cantidad de heridos de bala, tanto en Puno como en Cusco, que muestra que se han utilizado armas letales para el control de las manifestaciones.

Procesos contra criminales

Doce colegios de abogados de todo el país han solicitado que se abran procesos e investigaciones para determinar responsabilidades, tanto en relación al excesivo uso de la fuerza, así como a quienes “dirigieron y azuzaron”, lo que ellos llaman “actos de vandalismo”, que dicen han destruido locales públicos y propiedad privada.

El Consejo Nacional de Educación y el Colegio de Profesores del Perú se han pronunciado en defensa de la vida y han exigido el cese del uso de la fuerza contra la población, para que no continúe el derramamiento de sangre en las provincias del sur.

También demandan elecciones generales adelantadas, con la mayor celeridad, y la elaboración de una hoja de ruta democrática para que se aprueben las reformas políticas necesarias, que permitan la transición política en un clima sin violencia, con el restablecimiento del diálogo y la concertación.

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