El Constitucional de Ecuador autoriza juicio político contra Lasso
ECUADOR
Con seis votos a favor y tres en contra, el pleno de la Corte Constitucional (CC) decidió dar curso a la solicitud de juicio político contra el presidente de Ecuador.
El pleno de la CC sesionó el miércoles de manera extraordinaria para analizar el proyecto de dictamen elaborado por los jueces Richard Ortiz y Alí Lozada.
De los nueve magistrados que la conforme seis votaron a favor y tres en contra.
Para que se diera curso a la iniciativa, se requerían los votos positivos de al menos seis de los nueve jueces.
Ahora el trámite pasará a la Asamblea Nacional, que debe seguir un proceso de presentación de argumentos y sumar mayoría en votación.
El pedido de enjuiciamiento al jefe de Estado, Guillermo Lasso, es impulsado por los legisladores Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (antes de Pachakutik), Pedro Zapata (Partido Social Cristiano) y Rodrigo Fajardo (antes de Izquierda Democrática), bajo la acusación de presuntos delitos contra la seguridad del Estado y corrupción.
El documento fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), el 24 de marzo, y fue enviado a la Corte.
El mismo viernes, la Corte Constitucional sesionó para designar, mediante sorteo, al juez sustanciador de la causa, que recayó en la jueza Teresa Nuques, sin embargo, el proyecto de ley que presentó no obtuvo los votos requeridos, así que la causa pasó a los magistrados Ortiz y Lozada, como nuevos ponentes.
Tras la decisión definitiva de los magistrados, la Corte Constitucional publicó un comunicado anunciando la admisibilidad parcial para el enjuiciamiento.
“Respecto al presunto delito de concusión, el pleno estableció que los cargos formulados por los asambleístas “no cumplen” con las exigencias del artículo 148, numeral 2, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales.
En tanto que la formulación del delito de peculado sí se enmarca dentro de los presupuestos de admisibilidad de la ley.
Para destituir al mandatario, se requiere una mayoría de votos de 92 respecto de los 137 asambleístas.
En los próximos días, Guillermo Lasso podría enfrentar un juicio político por delitos contra la administración pública al ocultar actividades ilícitas de gente de su entorno.
Muerte cruzada
Lasso, cuyo mandato terminaría en 2025, podría activar una figura constitucional de disolución del Legislativo, llamada muerte cruzada, sin mayor trámite.
Eso le permitiría gobernar por decreto durante unos seis meses, antes de tener que convocar elecciones.
Empero, la Presidencia, en un comunicado, dijo que, a pesar de que el Gobierno no coincide con la decisión de la Corte Constitucional “respetamos el dictamen de admisibilidad del juicio político”, pero que no valida los argumentos planteados por el Legislativo en contra del mandatario.
