Empleados demandan al ministro de Trabajo por maltratos e incumplimientos de pagos
SANTO DOMINGO, R.D.
La Asociación de Inspectores de la República Dominicana (ASITRAREDO), que funciona dentro del Ministerio de Trabajo, demandó este martes a ese organismo y a su titular, Luis Miguel de Camps García, en responsabilidad patrimonial, por alegados incumplimientos de pagos por más de 600 millones de pesos y maltratos recurrentes en sus labores.
El recurso fue depositado ante el Tribunal Superior Administrativo, por el abogado Oliver Batía, actuando en representación de los 174 servidores asociados a ASITRAREDO, dentro de las 40 representaciones locales del Ministerio de Trabajo, en todo el territorio nacional.
“En el país hay unos 190 inspectores de trabajo y de ellos 174, todos servidores públicos de la Carrera Administrativa, nos han dado la representación para este recurso judicial. De lo que se trata es de denunciar los abusos cometidos en la gestión del señor Luis Miguel de Camps García, quien les ha dejado de aplicar aumentos salariales, ha ignorado las nuevas escalas de sueldos, ha incumplido el pago de viáticos, ha provocado perjuicios con el seguro médico, reducción de valor a las futuras pensiones, ha violado normas internacionales de la OIT y los ha sometido a traslados forzosos hasta de una región para otra”, detalló Batía.
El jurista alegó que se calculan en más de 600 millones de pesos los recursos dejados de entregar a estos servidores públicos y los traslados han traído la separación de familias, el descuido de niños inocentes que no tienen que pagar por la dictadura instaurada por el Ministro de Trabajo y la violación a convenios de la Organización Mundial del Trabajo (OIT).
“El gran pecado cometido por los miembros de ASITRAREDO es que la mayoría ostentan el cargo de “servidores públicos de la Carrera Administrativa”, condición esta que no permite que Luis Miguel de Camps pueda desvincularlos de manera arbitraria o a discreción de su actitud dictatorial”, enfatizó Batía.
Traslados anormales
Los miembros de la ASITRAREDO son trasladados constantemente, por lo que se les crea pérdidas económicas y distorsiones familiares, tal es el caso del Lic. Saturnino Nina Fortuna, representante local, que fue trasladado desde Puerto Plata a la provincia Independencia (Duvergé).
Además, el Lic. Víctor Guerrero Ogando, representante local que fue trasladado de la provincia de Santiago hasta la provincia de La Altagracia. La Licda. Faye Julia Isabel, fue trasladada de Barahona a la provincia Sánchez Ramírez.
En ese orden, Solania Ramírez Reyes, fue trasladada desde el municipio de Haina, San Cristóbal, hasta Santiago Rodríguez. El Inspector de Trabajo, Dioscoidy Isidro Paulino Robles, fue trasladado de la representación de Dajabón para Nagua.
“Lo que se muestra es una tendencia de traslados de manera arbitraria, abusiva y sin pagarle los viáticos que las reglamentaciones prevén”, dijo el jurista.
“A causa de los traslados tan lejos de sus hogares y lugares habituales de trabajo, los miembros de ASITRAREDO tienen en ocasiones que alquilar viviendas provisionales con sus propios recursos, en adicción a los gastos ordinarios en sus hogares, ‘por lo que ven duplicarse sus gastos, sin ningún tipo de retribución por parte del Ministerio de Trabajo, tal ordena el MAP en su resolución de dietas y viáticos”, agrega.
