En el 2017, jurista vaticinó fracaso del caso Odebrecht

SANTO DOMINGO, R.D.

Desde el 2017, el abogado Amadeo Peralta había vaticinado que el caso ODEBRECHT había nacido “muerto” frente a las disposiciones del Código Procesal Penal, ya que en República Dominicana no son aceptadas las “delaciones premiadas”, si el chivato no está presente en el juicio aportando pruebas de su confesión, pruebas del soborno, pruebas de cómo pago y quienes recibieron los fondos.

A través de diversos medios de comunicación, Amadeo Peralta sostenía que en República Dominicana, el “delator” debe someterse en el juicio al interrogatorio, al contra interrogatorio, al careo y demás pruebas que hagan fe de su sinceridad y arrepentimiento con los hechos.

El jurista declaró que esto no sucedió, porque el país quiere saber a quienes fue que sobornaron para que sea un delito precedente que pudiera justificar una posible condena, “porque si no hay pruebas de soborno, no se puede condenar a una persona por soborno”.

Señaló que durante el proceso del caso ODEBRECHT, “si nadie ha dicho que a mi me dieron o yo recibí dinero de alguien, no podía haber condena”.

Reitero que el hecho de haber metido en ese falso proceso a personas que “a leguas se sabía que eso era un abuso” y haber dejado afuera, “los que tal vez, sí sabían del caso”, le dio el matiz de político a ese proceso.

Destacó el hecho de que también, se le conociera medidas de coerción a unos y que a otros, luego de haber estado presos, no los acusan, “ni excusas les piden y ahora la Suprema Corte de Justicia los descarga porque era lógico que no había pruebas”.

El jurista Amadeo Peralta sostuvo que esa decisión confirma, “a un más que necesitamos un verdadero Ministerio Público independiente de toda influencia política”.

Expresó que tanto la medida de coerción como el propio juicio de fondo, dejando fuera y sin incluir a los ejecutivos y a la empresa brasileña ODEBRECHT, obedeció a la presión política y social del momento, “ya que este expediente fracaso en todos los países de América Latina, donde un juez en Brasil declaró totalmente ilegal y políticas todas las pruebas de ese caso, por lo que no podía subsistir tampoco en la República Dominicana, tal como él había vaticinado”.

Amadeo Peralta reconoce que si el juez, en ese momento de presión política internacional, no hubiese impuesto una medida de coerción, la sociedad, en ese momento, y con el despliegue mediático que se le agregó al proceso, “lo hubieran satanizado a él, sin dejar de decir que en casos donde sí se ha tenido pruebas contundentes los políticos han intervenido para ayudar a sus homólogos delincuentes en la propia justicia para que salgan con las suyas”.

Mediante la Sentencia SCJ-SS-24-0969, la Suprema Corte de Justicia absolvió a Víctor José Díaz Rúa y Ángel Rondón Rijo, condenados a 5 y 8 años de prisión por lavado de activos provenientes del enriquecimiento ilícito y soborno, en el caso ODEBRECHT “por no haberse probado la acusación y dispone el cese de toda medida de coerción que pesa en contra de los procesados en ocasión de ese proceso”.

Asimismo, resaltó el hecho de que le sean devueltos todos los bienes incautados a Díaz Rúa y Ángel Rondón”,

“Además de que se ordena el levantamiento de toda oposición, medida de restricción, orden de inmovilización de fondos, la radiación y cancelación de cualquier inscripción u oposición y medidas cautelares, disponiéndose la restitución de todos los bienes afectados en ocasión de este proceso”, subrayó, señalando que se verifica razones sociales, empresas, apartamentos, cuentas de ahorros, entre otros.
Amadeo Peralta se pregunta, si luego de haber atravesado por las vagabunderias de un expediente político, ¿quién les va a reparar el daño ocasionado a los falsos imputados?

Los imputados fueron Ángel Rondón, a quien se le dictó un año de prisión preventiva; Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga, nueve meses de prisión preventiva, y Andrés Bautista, Temístocles Montás y Ruddy González, seis meses de prisión preventiva.

Además, a César Sánchez y Máximo D´Oleo tres meses de prisión preventiva, arresto domiciliario, y contra Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, por espacio de nueve meses, para los senadores Tommy Galán, Julio César Valentín y el diputado Alfredo Pacheco, cuyas medidas de coerción fue impedimento de salida del país y una fianza de cinco millones de pesos, además de que se les allanaron sus domicilios y se les bloquearon sus bienes con un expediente político falso.