Estévez Lavandier actuará como juez de la Instrucción en investigación a diputado Gory Moya
SANTO DOMINGO, R.D.
El diputado del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sergio Moya (Gory), ya tiene asignado un juez especial de la Instrucción, que velará por el control de la investigación a que será sometido por el Ministerio Público por su vinculación al escandaloso caso Calamar.
Ese juez es Napoleón Estévez Lavandier, quien fue designado por la Suprema Corte de Justicia, mediante un auto, firmado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina.
La Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Dirección de Persecución, cuyos titulares son Wilson Camcho y Yeni Berenice Reynoso, respectivamente, solicitaron a la SCJ la designación de un juez de instrucción especial para que tenga a cargo el control de las investigaciones llevadas contra el diputado Gory Moya.
Este mismo magistrado es quien conoce la investigación contra otros cuatro diputados implicados en casos de narcotráfico y lavado de activos, entre ellos la legisladora del partido de gobierno, Rosa Amalia Pilarte López, de la provincia La Vega.
Esta diputada está siendo señalada en una supuesta red de lavado de activos y narcotráfico internacional.
En el caso también está siendo imputado su esposo, Miguel Arturo López Florencio (Micky López).
Otro de los diputados que es investigado por un caso de narcotráfico es Héctor Darío Feliz (Pirrín), del PRD, por el caso Falcón. Lo vinculan a Juan Maldonado Castro, uno de los supuestos cabecilla del caso Falcón.
El diputado Nelson Rafael Marmolejos Gil, del oficialista PRM-Santiago, de quien se dice, su campaña fue financiada por prófugo Erick Randhiel Mosquea Polanco, principal acusado del caso Falcón.
Además, la diputada Faustina Guerrero Cabrera (Grey Maldonado), PRM-El Seibo, quien es la esposa de Maldonado Castro.
Otro del PRM
Además de Gory Moya, por el caso Calamar, también será investigado otro dirigente del oficialista PRM, el abogado Mérido de Jesús Torres Espinal, quien era director de Titulación del Gobierno, y quien se vio obligado a solicitar “una licencia” para enfrentar la acusación en su contra.
Según la acusación, Mérido Torres recibió de manos del ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, más de 32 millones de pesos.
