Intervención militar a Haití garantizaría reelección

Por Danilo Cruz Pichardo

Con motivo del terremoto de 2010 en Haití la ayuda recibida por las autoridades de ese país se calcula en miles de millones de dólares y de euros. El Gobierno dominicano, en esa ocasión, sirvió de mediador y jugó un rol preponderante en la solidaridad y la asistencia económica en beneficio de la vecina nación.

Aparte de la mediación solidaria, también República Dominicana hizo su aporte material, con alimentos crudos y cocidos, medicamentos, campamentos, materiales de construcción, entre otros. Inclusive nuestro país, reconfirmando su solidaridad, construyó una academia de estudios superiores, pero cuando el presidente fue a participar de la inauguración hubo la intención de matarlo mediante una lluvia de piedras lanzadas por haitianos prejuiciados o carentes de conciencia.

Ese fue el pago. Y hasta el día de hoy no se sabe si el ataque fue espontáneo o planificado por políticos de ese país.

Con la enorme ayuda económica proveniente de los países del mundo, las autoridades haitianas disponían de los recursos suficientes para la reconstrucción, para organizarse institucionalmente y elaborar un registro civil. Ese escenario pudo ser el despegue de Haití para salir de la pobreza extrema, pero ese dinero desapareció, lo que infiere que fue robado por la clase política gobernante en la ocasión.

Muchos dominicanos se quejan de que Haití no recibe ayuda alguna de Estados Unidos, Canadá y Francia ni de ningún organismo internacional. Pero ¿a quién van a entregar esas eventuales ayudas? Se trata de un país que no tiene autoridades gubernamentales legales, que carece también de parlamento y de justicia legítimas. No tiene, de igual forma, un ejército militar. Apenas tiene una policía mal armada y peor pagada, con pocos vehículos de motor y limitadísimas tecnologías.

En Haití quienes mandan son las pandillas delincuenciales, que matan a ciudadanos indefensos, secuestran, destruyen propiedades públicas y privadas, siembran terror y pánico y dañan la economía en sentido general.

Desde hace décadas Haití está situado entre los países más pobres del mundo. Y esa pobreza se incrementa cada vez más. Hoy día sus niveles de pobreza social e insalubridad solo pueden ser equiparados con algunas naciones del África, con la desventaja de que Haití no tiene autoridades de ningún tipo.

Ante la realidad que vive Haití es lógico que, por razones de sobrevivencia, sus nacionales salgan huyendo hacia la República Dominicana. Sin embargo, el número de nacionales haitianos en nuestro territorio es extremadamente elevado, lo que representa una amenaza para nuestra soberanía nacional.

Se impone, pues, la aplicación inmediata de la Ley 285-04, que trata el tema migratorio. Esa ley faculta al Estado Dominicano, a través de la Dirección General de Migración, a sacar del país a todo extranjero que se encuentre en situación ilegal. La ley no se refiere a haitianos, sino a extranjeros ilegales, pero dado que más del 90% de los ilegales son nacionales del vecino país, esa normativa jurídica hay que empezar a aplicarla en esa dirección.

Y aplicarla respetando los derechos humanos de los haitianos ilegales, echando a un lado el morbo, prejuicios y valores racistas y xenófobos de dominicanos que confunden el concepto patriotismo con antihaitianismo.

Las autoridades tienen que dejarse de tantas palabras huecas e irse directamente a la aplicación de la ley, sin importar lo que puedan decir ciertos organismos internacionales y países que se consideran con derecho a trazar pautas sobre lo que tenemos que hacer, empezando naturalmente por Estados Unidos, que aplica sus leyes migratorias sin rendir cuenta a nadie.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, un país más pequeño que el nuestro, ejerce sus prerrogativas sin temor a chantaje alguno. ¿Por qué un jefe de Estado dominicano tiene que actuar con tanto miedo?

El temor no se limita a Estados Unidos y a la Unión Europea, sino además al empresariado dominicano, que es el mayor empleador de manos de obra haitiana. Se trata de haitianos ilegales, sin derecho a reclamar nada, que trabajan en la industria de la construcción, en la agropecuaria y en otros renglones de la economía nacional de manera infrahumana. Son empresarios explotadores y chupa sangre.

Y los dominicanos son desplazados de los puestos de trabajo, incrementando la tasa de desempleo.

Y siendo el presidente Luis Abinader un empresario es un sueño pensar que tomaría una sola medida que afecte el interés económico de sus aliados de clase.

Nuestro jefe de Estado conoce las vías de la solución del problema –y está facultado constitucionalmente para hacerlo–, pero prefiere irse a hablar “cháchara” a la ONU y a otros organismos, consciente de que nada harían por la problemática haitiana.

Inclusive Luis Abinader se hace el de la vista gorda ante la mafia militar que prevalece en la frontera dominicana. Los oficiales militares enviados a la frontera, en los últimos años, se han hecho multimillonarios, dejando pasar a haitianos, armas de fuego, vehículos robados de lado y lado, drogas narcóticas, entre otras cosas.

La solución a la presencia masiva de haitianos en territorio dominicano está en manos de nuestro presidente. Solo tiene que apelar a la Ley 285-04 y desmantelar la mafia militar en la frontera, relevando a todos eso militares por otros que sean supervisados por agentes de la Dirección de Migración y miembros del Ministerio Público, es decir, fiscales judiciales.

La masiva presencia de ilegales haitianos en nuestro país parece ser que no es un tema prioritario para nuestro presidente, el cual enmarca todas sus actuaciones hacia la reelección presidencial.

Inclusive al autor de este artículo se le informó, desde una fuente crediticia, que en palacio se baraja la posibilidad de dirigir una confrontación militar con Haití, bajo la firme creencia de que esa operación garantiza la segura reelección presidencial de Abinader, pues la gran mayoría de los dominicanos lo percibiría como el presidente más patriota que registre la historia social dominicana.

Haití no tiene ejército y las bandas criminales no están en capacidad de enfrentar a las fuerzas militares dominicanas, por lo que saldrían huyendo y finalmente la agresión recae sobre la miserable e indefensa población de la parte occidental de la isla.