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La Defensoría del Pueblo debe ser auditada

Ese organismo es manejada como una empresa privada

La Ley 19-01, modificada por la 367-09, del 13 de diciembre del 2009, crea  el Defensor del Pueblo, sus suplentes y adjuntos.

Según el segundo suplente, Miguel Puello, el equipo electo por el Senado de la República, nunca se ha reunido.

No hay planes, tareas y evaluaciones comunes.

El defensor decide los planes y gastos de manera personal.

Miguel expresa lo siguiente: «La Ley Orgánica, que crea el Defensor del Pueblo, en su artículo 13, establece que el Defensor del Pueblo está facultado para vigilar y superficial la actividad de la administración pública y las privadas, prestadoras de servicios públicos, requiriendo un funcionamiento correcto de parte de estas».

Este señor no se ha interesado en nada de esto.

Sin tener autorización dispone a su antojo, otorgando privilegios en la distribución de los recursos económicos y financieros y nombra a su entera discreción el personal administrativo y de cierto tiempo.

Sobre la Defensoría del Pueblo considera que es un órgano unipersonal y es manejada como si fuera una empresa de un único dueño, es una concepción contraria a los principios de las instituciones modernas que buscan ser transparentes y democráticas.

Doña  Zoila Martínez Guante dejó bajo acta notarial un alto monto de recursos que no se ha rendido cuentas de ellos.

De ser así las cosas, además de entender del fracaso y frustración que ha tenido este pueblo después de tantas luchas, es obligatorio realizar lo siguiente:

1- Auditoría urgente por la Cámara de Cuentas de la República.

2- Evaluación de desempeño de los cinco electos por el Senado que componen la Defensoría del Pueblo.

3- Intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, solicitando una urgente investigación.

4- La Comisión de la Defensoría del Pueblo de la Cámara de Diputados, debe informar de su funcionamiento como vigilante de las funciones de esta Institución.

El Comité Dominicano de los Derechos Humanos, se suma a quienes esperamos que todas las instituciones del Estado deben actuar con transparencia, honestidad y eficiencia.

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