Protestas siguen en Perú y se tambalea gobierno de Boluarte

PERÚ
   
Perú vivió el jueves una de las jornadas más convulsas, con bloqueos en 10 de las 25 regiones y la renuncia irrevocable del ministro de Trabajo.

Mientras tanto, este viernes continúa el paro indefinido para exigir el adelanto de elecciones generales, cierre del Congreso y la renuncia de la actual mandataria Dina Boluarte.

Tras su reinicio el 4 de enero, se han registrado fallecidos y heridos en Juliaca, capital de Puno, y la Ciudad Imperial, Cusco.

Asimismo, ciudadanos de distintas regiones del país regresaron a las calles para protestar luego de una breve tregua otorgada por las festividades navideñas del año 2022.

Según las cifras de la Defensoría del Pueblo, hasta la fecha se ha contabilizado 41 civiles muertos y un policía fallecido, otros organismos hablan de más de 50 muertos.

Se informó, además, que ante el incremento de las protestas contra el gobierno de Boluarte, la Policía Nacional del Perú suscribió dos contratos para abastecerse de 31 mil 615 cartuchos y granadas lacrimógenas, que serán usadas para combatir a los manifestantes.

Muertes por proyectiles

Al culminar la necropsia de las 17 víctimas mortales de la protesta antigubernamental en Juliaca, Puno, el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público reportó el hallazgo de proyectiles de armas de fuego alojados en los cuerpos de 9 de las 17 víctimas.

Los otros 8 ciudadanos, que también murieron por heridas derivadas de los disparos, fueron atravesados por los proyectiles.

Los 17 fueron abatidos por armas de fuego durante las manifestaciones del lunes 9 de enero, cuando la Policía rechazó el intento de asalto del aeropuerto de Juliaca.

“Los proyectiles parecen haber sido disparadas por fusiles AKM, que es armamento usado por la Policía nacional”, señaló Dany Humpire Molina, un ex gerente de Peritajes del Ministerio Público y doctor en Criminalística.

Los dos funcionarios más rechazados en Perú, la presidenta de la República y el presidente del Senado

Renuncia de Boluarte

Los sindicatos, sectores campesinos, defensores de derechos humanos y activistas de izquierda no claudican en sus exigencias de la renuncia de la presidenta designa, Dina Boluarte, de su Gabinete, el cierre del Congreso y elecciones anticipadas.

A las demandas se suma la liberación del ex mandatario Pedro Castillo y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reemplazar la Carta Magna de 1993, impulsada por el entonces presidente Alberto Fujimori, que establece la economía de mercado como eje del desarrollo socioeconómico.

Lima, la capital, secundó las movilizaciones el jueves, bajo la consigna “Ni un muerto más, abajo la dictadura cívico militar, racista y clasista”, mientras que miles de manifestantes marcharon pacíficamente por el centro histórico.

No obstante, la misma jornada, la tensión se mantuvo al rojo vivo en la región de Puno, epicentro del movimiento popular y donde acaeció el lunes la muerte de 20 personas y 100 heridos, así como en Tacna, en la frontera con Chile, Cusco, donde se produjo el miércoles una muerte y 20 heridos, Arequipa, entre otras.

Los pobladores de estas regiones siguen demandando justicia para las víctimas mortales y castigo a los responsables de la cruenta represión.

El Gobierno no guardó silencio, a través de la reacción del jefe de Gabinete, Alberto Otárola, para quien, las protestas “se están financiando con dinero oscuro del narcotráfico”, proveniente supuestamente de los valles cocaleros andinos. Además, se ordenó el refuerzo policial, el cierre del aeropuerto de Cusco y más represión.

Hasta el momento, las protestas han dejado unos 50 muertos, según organismos pro derechos humanos.

Deja cargo por muertes

El mismo jueves, el ministro de Trabajo de Perú, Eduardo García Birimisa, envió una carta a Boluarte para informarle de su renuncia irrevocable, alegando las muertes en las regiones de Puno y Cuzco.  

“Se requiere de un pronunciamiento del Gobierno que exprese el dolor que sentimos por la pérdida de las vidas de nuestros hermanos, por las pérdidas que han sufrido esas familias. Se requiere que se pida disculpas a la población y que se reconozca que se han cometido errores que deben ser corregidos para que esto no se repita”, expresó en la misiva.

García admitió que el adelanto de las elecciones “no puede esperar hasta abril de 2024”.

ONU se pronuncia

Naciones Unidas instó al Gobierno a respetar los derechos humanos y evitar el uso desproporcionado de la fuerza contra las protestas, y pidió a las diversas organizaciones detrás de las protestas, “abstenerse de actos de violencia y ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica, respetando la vida y la propiedad pública y privada”.

El miércoles, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó al país suramericano para evaluar la situación, reunirse con las autoridades, víctimas y familiares de los manifestantes. La delegación estará en Perú hasta este viernes.

Castillo fue destituido por el Congreso y apresado el 7 de diciembre al intentar cerrar el Parlamento y gobernar por decreto. Lo reemplazó Dina Boluarte, de 60 años, su vicepresidenta. Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.