Santana Zorrilla tuvo destacada actuación en caso de Yuniol Ramírez

En OMSA, CEA y OISOE la corrupción se mancha con sangre

SANTO DOMINGO, R.D.- La corrupción en el país sigue su agitado curso. Está por doquier. Todos los días, en el país, se habla de corrupción.

Corrupción en la reconstrucción del hospital Darío Conteras, en la OISOE, en el CEA, en CORDE y la OMSA.

Hay corrupción por doquier, pero estos han sido los casos más sonados.

Sobreevaluaciones en compra de terrenos adquiridos para la construcción de escuelas, específicamente durante la gestión de Carlos Amarante Baret, en el Ministerio de Educación.

Corrupción y sobreevaluaciones en las 17 obras que ejecutó y ejecuta la Odebrecht en el país.

Y, por esos actos de corrupción, ningún funcionario ha sido condenado.

Pero la corrupción, durante la gestión del presidente Danilo Medina, se teñido de sangre.

Tres muertos y un herido en el CEA.

Un muerto en la OISOE.

Otro muerto en la OMSA.

El último de esos muertos, producto de la corrupción imperante en el país, fue el abogado Yuniol Ramírez Ferreras.

Ramírez Ferreras fue asesinado para callar la imperante corrupción en la OMSA, donde un grupo de maleantes se está haciendo rico a costa de los bienes del Estado.

Es una vergüenza decir que un coronel de la Policía Nacional, en esta caso Faustino Rosario, adquirió propiedades valoradas en más de 17 millones de pesos, en dos años como director Financiero de la OMSA.

Hablar de que en el país se han producido tres asesinatos y dos suicidios, que involucran casos de corrupción en tres instituciones del Estado, es una vergüenza.

Y no es un invento, esos casos están ahí. Recuerden que escandalizaron al país y que ocurrieron en la OISOE, en el CEA y ahora en la OMSA.

Pero, la impunidad en el país, también está por doquier.

Caso OMSA-Santana Zorrilla

Por cierto, el empresario Eddy Santana Zorrilla está acusado de asociación de malhechores para cometer estafa y corrupción administrativa, en contra del Estado, a través de la OMSA, cuyas acciones delictivas provocaron el asesinato  del abogado Ramírez Ferreras, el 11 de octubre.

Ramírez Ferreras fue quien últimamente denunció la mafia de la OMSA, cuyo director, en ese momento, era un hombre muy cercano al presidente Danilo Medina, jefe de su tendencia en Santo domingo Oeste y presidente del PLD en ese mismo municipio.

Nos referimos al hoy imputado por asesinato Manuel Antonio Rivas Medina.

El ministerio público está acusando al empresario Santana Zorrilla de de varios delitos penales y le está solicitando un año de prisión preventiva.

Está acusado de violar los artículos 265, 266, 405, del Código Penal, y el artículo 3, de la Ley 448 de Soborno en el Comercio y la Inversión, en perjuicio del Estado dominicano.

Pero este empresario fue la persona encargada por Rivas Medina para negociar con Ramírez Ferreras y que le ofreciera “un dinero” para que este retirara sus acusaciones de corrupción contra la OMSA, que luego el ministerio público que era una “extorsión”.

El conocimiento de la medida de coerción contra el empresario será el martes 24, a las 2:00 de la tarde. 

Santiago Santana Zorrilla es suplidor de la OMSA desde  el año 2012, en el inicio de la gestión de Rivas Medina.

Por el asesinato de Ramírez Ferreras están presos Rivas Medina,  José Antonio Mercado (El Grande) y el coronel de la Policía y financiero de la OMSA, Faustino Rosario Díaz. 

Está prófugo Argenis Contreras González, quien es la persona señalada como el principal autor material y era el asistente de Rivas Medina en la OMSA.

Papel de Santana Zorrilla 

En la instancia de medida de coerción, el ministerio público narra  que a final de septiembre del 2017, el empresario Santana Zorrilla se reunió con el entonces director de la OMSA, Manuel Rivas, en el despacho del funcionario, con  el fin de plantearle que el abogado Yuniol Ramírez Ferreras había interpuesto un recurso de amparo en contra de la institución y de su director, exigiendo que le sean entregadas documentaciones relativas a licitaciones y compras de distintas empresas de mantenimiento, reparación y ventas de equipos, en base a la ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública.

Indica que dentro de las informaciones que solicitaba el abogado a la OMSA y que fueron negadas por dicha institución, estaba la documentación sobre las licitaciones de las empresas suplidoras del Estado Tech Solution E.K.R, y Grupo Martisdom SRL, propiedad de Eddy Santana Zorrilla y Rosary Hernández Santana, esta última sobrina del empresario. 

En el documento, el Ministerio Público dice que ambas empresas responden al imputado, en atención a sus niveles de inversión en las mismas.  

Relata que en la reunión, Rivas y Santana Zorrilla acordaron que el último buscaría la forma de reunirse con el abogado Ramírez Ferreras, para convencerlo, haciendo las diligencias que fueran necesarias a los fines de que retirara la instancia de amparo depositada por ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA). 

Puntualiza que el empresario quedó en contacto con el coronel Faustino Rosario Díaz para poder coordinar todo lo relacionado con el pago, debido a que el entonces director saldría del país unos días después.

Puntualiza que como consecuencia de esa tarea asignada, Santana Zorrilla se puso en contacto con Leonardo Adames, a fin de saber si conocía a Yuniol, manifestándole que necesitaba conocerle. 

Agrega que esa gestión resultó positiva, por lo que Leonardo coordinó una reunión con los tres para el 2 de octubre del 2017, en el lobby del Hotel El Embajador. A partir de esa fecha, dice la solicitud de medida de coerción, inician los contactos, reuniones y conversaciones telefónicas entre Eddy y Yuniol. 

“En fecha 4 de octubre del 2017, Yuniol Ramírez Ferreras le externó al señor Eddy Rafael Santana Zorrilla, en una reunión que sostuvieron en el restaurant Cienfuegos, del Hotel Jardines del Embajador, a eso de las 3:00., aproximadamente, que retiraría la demanda si le entregaba la suma de cuatro millones de pesos (…)”, dicen los fiscales en el documento. 

Según la instancia, dos millones de pesos eran para la supuestas personas que le mandaron a introducir la demanda y dos millones para él y su equipo, y que acordaron hacer de esa manera y fijando fecha del pago para el 6 de octubre del 2017, después de una negociación que inició con el requerimiento de dos millones de pesos y 100,000 dólares. 

Conforme a la solicitud de coerción, el 6 de octubre del 2017, Eddy llegó a la estación de combustible Texaco de la avenida Rómulo Betancourt, esquina Caonabo, del Distrito Nacional, seguido de Argenis Contreras González (prófugo), para reunirse con Yuniol, quien llegó minutos más tarde, a quien, según la instancia, le entregaron un millón de pesos y que acordaron darle los tres restantes tres millones luego de que desistiera de la demanda.

“Todo esto fue observado por Argenis Contreras González, desde su vehículo, nunca enterándose el occiso (Yuniol) de que Argenis se encontraba presente en esa reunión, a quien conocía, puesto que Argenis y Yuniol habían sostenido varios encuentros desde mediados de agosto del año 2017, en las instalaciones del club de profesores de la UASD “, señala el documento. 

El ministerio público presenta como elementos de prueba 42 documentos, 16 testimonios, tanto de funcionarios y empleados de la OMSA, como de representantes de las empresas del imputado, un dvd que contiene el video de seguridad, y tres vehículos.