Suprema ratifica al juez Ortega Polanco en caso Odebrecht
La decisión la tomó este jueves el pleno de la Suprema Corte, que rechazó así la última de las recusaciones a las que ha sido sometido el magistrado Ortega Polanco, quien el año pasado envió a prisión preventiva a casi todos de los 14 acusados.
En un escueto mensaje enviado por la dirección de comunicaciones de la SCJ se informa de la decisión tomada por el organismo, que mantiene a Polanco como juez de la Instrucción Especial para el caso.
Ese magistrado ha sido recusado varias veces en las últimas semanas por varios de los acusados.
La recusación que hoy rechazó el Supremo, la interpusieron los abogados del ex presidente del Senado dominicano Andrés Bautista García, luego de que la Procuraduría General de la República advirtiera de que las constantes recusaciones contra el juez Polanco pretendían, por parte de los acusados, la designación de «jueces favoritos».
Este juez inició el 6 de julio pasado la primera audiencia del proceso contra los ahora siete acusados, pero la suspendió sin fecha cuando los abogados de Bautista, quien hasta hace poco fue presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal opositor), le recordaron que había sido recusado y que la Suprema Corte no había fallado sobre el particular.
Polanco había sido recusado antes por el propio Bautista y otros acusados, porque fue quien conoció de las medidas de coerción que el Ministerio Público solicitó en contra de los imputados el año pasado.
Además de Bautista están acusados, el senador del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Tommy Galán; el ex ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa; el abogado Conrado Pittaluga; el ex presidente del Senado Jesús Vásquez; el ex senador Roberto Rodríguez y el empresario Ángel Rondón, ex gerente comercial de Odebrecht en el país, y a quien se acusa de repartir el dinero.
Odebrecht admitió que pagó 92 millones de dólares en sobornos en República Dominicana entre 2001 y 2014, para adjudicarse millonarios contratos de infraestructuras públicas.
La constructora alcanzó un acuerdo con la Procuraduría de Justicia local, mediante el cual se comprometió a pagar 184 millones al país, justo el doble del pago de sobornos.
