Viajes ilegales dejan decenas muertos y desaparecidos en ruta RD-Puerto Rico

Tomas Aquino G.

HIGÜEY, R.D.

Decenas de dominicanos han fallecido o desaparecido en los últimos años, en alta mar, tratando de llegar a Puerto Rico en frágiles embarcaciones, huyendo de la crisis económica en República Dominicana y en busca de un mejor porvenir.

El incidente ocurrido la semana pasada, en la costa de Guayacanes, provincia San Pedro de Macorís, donde se informa de cinco muerto, entre ellos una menor de edad, fue uno más de los náufragos que ocurren a cada momento en las costas de la región Este, donde los viajes ilegales, hacía la isla de Puerto Rico, cada día son más frecuentes.

La justicia dominicana dominicana es flexible con organizadores y capitanes de viajes clandestinos y las autoridades de combatir esas operaciones criminales, en la mayoría de los casos, se confabulan y reciben su botín.

A los organizadores y capitanes de viajes ilegales no le importa  si las embarcaciones que utilizan son frágiles o no, o si las mismas salen sobrecargadas, pues suceda lo que suceda, con o sin tragedia, como quiera cobran su dinero.

En los últimos años, el fenómeno de los viajes ilegales, desde República Dominicana hacia Puerto Rico se ha incrementado considerablemente.

Las costas de la región Este, particularmente en las provincias La Altagracia, Hato Mayor y El Seibo, han sido puntos críticos para estas travesías peligrosas y clandestinas.

Igualmente, decenas de viajes ilegales hacia Puerto Rico salen de las costas de Samaná, Nagua y Sánchez, donde también se han reportado numerosos náufragos, muertes y desapariciones de ciudadanos en los últimos años.

Factores económicos y sociales

El principal motor detrás de los viajes ilegales a Puerto Rico es la búsqueda de mejores oportunidades económicas, de un mejor futuro,

La región Este de República Dominicana, aunque rica en recursos naturales y belleza escénica, enfrenta desafíos económicos significativos.

Por ejemplo, el desempleo, la falta de infraestructura adecuada y las limitaciones en las oportunidades laborales han llevado a muchos dominicanos, de esa región, a buscar alternativas en el extranjero, principalmente, arriesgándose a atravesar el peligroso Canal de La Mina.

Factores políticos y sociales

La inestabilidad política y los problemas sociales en República Dominicana también influyen en la decisión de emigrar.

La corrupción, la inseguridad y las deficiencias en los servicios públicos contribuyen a un ambiente de frustración y desesperanza, impulsando a muchas personas a arriesgar sus vidas, en frágiles embarcaciones, en busca de una vida mejor.

Frágiles embarcaciones

Los migrantes suelen embarcarse en frágiles embarcaciones, yolas, que son fabricadas en la clandestinidad, con materiales de bajo costo y no están preparadas para enfrentar las peligrosas olas del mar Caribe o el Océano Atlántico.

Estos viajes son extremadamente peligrosos, ya que las embarcaciones a menudo están sobrecargadas y carecen de equipo de seguridad básico.

Riesgoso trayecto

El trayecto, desde las costas dominicanas hasta la isla del encano, Puerto Rico, de acuerdo con organizadores de viajes clandestinos, capitanes o ex capitanes de yolas, puede durar entre 24 y 48 horas, dependiendo de las condiciones meteorológicas y el lugar de salida.

Desde las costas de La Romana, La Altagracia y San Pedro de Macorís, el viaje puede durar, sin problema, entre 24 y 36 horas.

Desde las costas de Sabana de la Mar, en la provincia de Hato Mayor, y de Miches, en la provincia de El Seibo, la ruta se cubre en unas 48 horas, de no presentarse problemas..

Empero, hay viajes que duran entre 10 y 15 horas, en lanchas rápidas, que casi siempre van con pocos pasajeros, pero cargadas de drogas.

De acuerdo con autoridades provinciales, políticos y comunitarios, el tráfico de drogas, vía marítima, es frecuente por las costas de la región Este, y en los últimos años se ha incrementado de manera alarmante.

Durante la ruta, los migrantes enfrentan riesgos graves, como tormentas, marejadas y la posibilidad de naufragios, que son frecuentes.

La exposición prolongada al sol y la falta de agua potable, en ocasiones, también son preocupaciones en esa peligrosa y criminal travesía.

Las autoridades

Las autoridades dominicanas, sin lugar a dudas, carecen de los equipos y personal suficiente para enfrentar esa triste y peligrosa realidad, que ha provocado la muerte y desaparición de decenas de dominicanos.

Pero también, carece de voluntad política para enfrentar el tráfico de indocumentados hacia Puerto Rico.

Son frecuentes las denuncias sobre la complicidad de autoridades, principalmente de oficiales de la Armada Dominicana, en los viajes ilegales.

De acuerdo con expertos en viajes clandestinos, ya retirados de esas operaciones ilegales, son muy pocas las embarcaciones, repletas de viajeros que logran llegar a su destino.

Aseguran que la mayoría de los viajes son atrapados por la Guardia Costera de Estados Unidos, que realiza patrullajes frecuentes para detectar y detener las embarcaciones ilegales.

Impacto en las comunidades

El aumento de los viajes ilegales ha tenido un impacto considerable en las comunidades, tanto en República Dominicana como en Puerto Rico.

Las familias de los migrantes suelen enfrentar angustia y preocupación, especialmente cuando los viajes resultan en tragedias.

Medidas preventivas

Algunos ciudadanos consideran que ni las actuales ni las pasadas autoridades, nunca se han preocupado por tomar medidas preventivas para frenar los viajes clandestinos hacia Puerto Rico.

Sostienen que para frenar esas acciones, es crucial implementar programas educativos y de sensibilización para informar a las comunidades sobre los riesgos asociados con los viajes ilegales.

Además, se deben fortalecer las redes de apoyo para ofrecer alternativas viables a los migrantes potenciales, proporcionándoles oportunidades económicas y sociales en sus comunidades de origen.

Los viajes ilegales, principalmente desde la región Este de República Dominicana hacia Puerto Rico representan un desafío complejo y multifacético, y obliga al gobierno dominicano a buscarle solución a esa problemática, que llena de dolor y luto a muchos hogares dominicanos.