Odebrecht quiere llevar investigación por coimas de Argentina a Brasil

BUENOS AIRES.- Harta de esperar una definición de las autoridades políticas y judiciales argentinas, la constructora brasileña Odebrecht propuso un giro en los tribunales de Comodoro Py: planteó que sus ejecutivos, empleados y colaboradores que saben sobre los negociados argentinos deben ser juzgados en Brasil y que, luego, la Justicia argentina podrá pedir allá la información y las evidencias.

Odebrecht explicitó la movida en la causa en que se investiga el pago de sobornos a exfuncionarios argentinos en el proyecto para soterrar el tren Sarmiento . Y lo planteó en nombre de dos figuras claves para comprender esa operatoria delictiva: su exvicepresidente para América Latina Luiz Antonio Mameri y uno de sus alfiles, Mauricio Couri Ribeiro.

La movida del holding brasileño chocó con la oposición del fiscal federal Franco Picardi, de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la unidad antilavado (UIF), y ahora es el turno del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de definir si acepta o rechaza la petición por «falta de jurisdicción».

La táctica de Odebrecht se plasmó días atrás, transcurridos más de un año y seis meses desde que las confesiones de los «delatores premiados» y las evidencias duermen en Brasil a la espera de que el Estado argentino resuelva las trabas que le permitan acceder a esa información.

¿Cuál es el objetivo de Odebrecht? Colaborar con la Justicia argentina y resolver todos sus problemas judiciales, para luego solicitar al Poder Ejecutivo que le levante su suspensión en el Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obras Públicas, que le impide competir en nuevas licitaciones desde julio de 2017.

Para Odebrecht es una cuestión de igualdad ante la ley. Argumenta que mientras ella se encuentra suspendida en la Argentina por admitir en Brasil y Estados Unidos los sobornos que pagó a exfuncionarios argentinos, el Estado no suspendió a las empresas locales que admitieron que pagaron coimas en la causa sobre los cuadernos, que se instruye en Buenos Aires.

Así, en la causa sobre soterramiento del Sarmiento, los abogados de Odebrecht argumentaron que los sobornos se canalizaron «desde Brasil», que los hechos que quieren reconstruir en los tribunales de Comodoro Py «son los mismos que se investigan en Brasil» y que el cohecho «debió haber sido ejecutado, al menos parcialmente, en jurisdicción» brasileña por Couri Ribeiro y Mameri -dos ciudadanos brasileños- y a través de sociedades offshoreque giraron dinero a terceros países -como Andorra y Uruguay-, sin tocar territorio argentino.

A eso se suma, recordaron los abogados de Odebrecht, que tanto la Convención de la OCDE para combatir el cohecho de funcionarios públicos como el Código Penal brasileño establecen, de manera taxativa, la opción para juzgar a sus ciudadanos por delitos cometidos en otros países.

«En el caso subexámine, de existir, se trataría de un delito que tuvo distintos lugares de ejecución», detallaron los letrados, resultando competentes los magistrados con jurisdicción en cada uno de aquellos donde se produjeron actos […] por lo que la elección del tribunal que conocerá en la causa debe hacerse atendiendo a exigencias de una mayor economía procesal, entendida como celeridad, eficacia y menor costo, y una mejor defensa de los imputados», remarcaron los abogados de Odebrecht.

Prematuro y conjeturas

Para el fiscal Picardi, sin embargo, el pedido en nombre de Couri Ribeiro y de Mameri es cuanto menos «prematuro», ya que ni siquiera está claro que en Brasil se investiguen los mismos hechos que en la Argentina, por lo que pidió al juez Martínez de Giorgi que ordene algunas medidas antes de tomar una decisión.

«Los letrados [de Odebrecht] no aportan siquiera mínimamente la relación circunstanciada de los hechos por los cuales [Courí Ribeiro] estaría siendo investigado por las autoridades judiciales del país vecino», remarcó Picardi. «Lo único que aportan como posible información específica de las autoridades [brasileñas] es un certificado que refiere que Mauricio Courí Ribeiro presentó un pedido de adhesión a un acuerdo de leniencia [clemencia] en el que relata hechos vinculados a la Argentina y que involucran el proyecto [para el] soterramiento del Sarmiento».