PRM ve persecución selectiva en caso Odebrecht

SANTO DOMINGO, R.D.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM), principal entidad de la oposición, cuyo presidente y el secretario general figuran entre los imputados por los sobornos pagados por Odebrecht, acusó hoy al procurador general, Jean Alain Rodríguez, de persecución selectiva en el criticado caso.

En su primera reacción, oficial tras la acusación formal presentada por el ministerio público en contra de los procesados por este caso, el PRM señaló que con la exclusión «de los principales» beneficiados de los sobornos, el Gobierno «busca evitar que trascienda toda la verdad del caso para mantener un régimen de impunidad que beneficia a la alta dirigencia de ese partido».

En un comunicado, el partido opositor se refirió a la exclusión del destituido ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, miembro del Comité Político del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien admitió, en junio de 2017, tras ser detenido por el caso, que recibió fondos para campañas electorales del empresario Ángel Rondón, a quien la Procuraduría acusa de distribuir el dinero que Odebrecht pagó en coimas en el país.

Montás, quien estaba en libertad condicional, al igual que el resto de los imputados, señaló en aquella ocasión que los aportes fueron hechos en 2008, 2012 y 2016 y utilizados, en su totalidad, en favor del PLD, pero que «en ninguno de esos casos» se le dijo que se tratara de aportes de la empresa brasileña «ni mucho menos, que se esperaba contrapartida alguna».

Además de Montás fueron dejados fuera del expediente el diputado opositor Alfredo Pacheco (PRM), el senador Julio César Valentín(PLD), los ex directores de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, César Sánchez (PRD) y Radhamés Segura (PLD); el exdiputado Rudy González (PRD), así como Bernardo Castellanos y Máximo De Óleo, quienes guardaban distintas medidas de coerción.

El procurador general dijo el pasado jueves que la decisión de excluir a ese grupo se debió a que no se habían encontrado evidencias suficientes, mientras que sí tenían pruebas de soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra los demás, dos de ellos expresidentes del Senado.

Los dominicanos que serán sometidos a la justicia son el senador Tommy Galán (PLD), el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa (PLD y seguidor de Leonel Fernández); el ex presidente del Senado y presidente del PRM, Andrés Bautista, el exsenador Roberto Rodríguez (PRD, ahora del PRM), el abogado Conrado Pittaluga, y el empresario Ángel Rondón, señalado como la persona que recibió y distribuyó los sobornos.

Asimismo, anunció la inclusión en el caso del expresidente del Senado y actual secretario general del PRM Jesús Vásquez.

En su comunicado, el partido opositor denunció «la selectividad en el sometimiento de dirigentes del PRM «con el propósito de dañar la imagen de su principal opositor», así como el hecho de que fueran excluidos de la acusación «los funcionarios relacionados en el mayor número de obras» construidas por Odebrecht en el país.

Asimismo, criticó que la investigación dejara fuera la central termoeléctrica Punta Catalina, que construye en la provincia de Peravia, un consorcio encabezado por la empresa brasileña.

«Estos hechos evidencian que el mayor interés de los gobiernos peledeistas es garantizar la impunidad de sus miembros y allegados por los actos de corrupción cometidos, y al mismo tiempo perseguir y tratar de destruir a sus principales opositores», señaló el PRM.

Por último, señaló que «se acoge al principio constitucional de presunción de inocencia que beneficia a los compañeros imputados Andrés Bautista, Jesús Vásquez y Roberto Rodríguez, al mismo tiempo que hace pública su confianza en la trayectoria de honestidad que han mostrado en sus vidas».

Afirmó que se mantendrá «vigilante» para que a sus miembros «se les respete el debido proceso de ley y sus prerrogativas y garantías constitucionales».

Odebrehct admitió haber pagado en el país 92 millones de dólares para obtener contratos de obras públicas entre 2001 y 2014.

El movimiento Marcha Verde, por su parte, ha considerado el expediente presentado por el ministerio público es una vergüenza y una manipulación inaceptable, porque deja fuera del caso a todos los funcionarios y legisladores, de alto nivel, que se encargaron personalmente de gestionar y aprobar los más importantes contratos de Odebrecht, en los gobiernos de Danilo Medina.

Mencionó, entre esos funcionarios, a Gonzalo Castillo, Rubén Bichara, Simón Lizardo, Reinaldo Pared Pérez, Abel Martínez, Cristina Lizardo, Lucía Medina, y el mismísimo presidente de la República.